En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para explicar los Presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la secretaria de Estado Isabel Pardo de Vera ha insistido en la necesidad de un «debate sosegado» a la hora de dar una solución a las profundas necesidades que tiene el mantenimiento de la red viaria española.

Pardo de Vera ha asegurado en sede parlamentaria en que se mantendrá un diálogo «con todos los actores involucrados» y que se va a compartir todas las alternativas que maneja la Administración central, aunque sin fijar un horizonte temporal para unas explicaciones que el transporte de mercancías por carretera, uno de los más afectados por el proyecto de pago por uso, espera desde hace tiempo.

Esta falta de información esconde, como también ha quedado evidenciado en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que la recaudación que el Estado espera conseguir para el mantenimiento de carreteras a través de los peajes en autovías (que eso son, aunque se le quiera llamar pago por uso) redundará en las arcas públicas sin dedicarse en su totalidad a la reparación de la red viaria, con lo que este nuevo canon se convertirá en una fuente adicional de ingresos públicos.

Así se deduce del hecho de que a 31 de agosto, la ejecución del presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para este 2021, es decir, el dinero gastado efectivamente por el Departamento, no llega al 30%, algo que el Ejecutivo achaca a la incertidumbre generada por la crisis sanitaria sobre precios de materias primas y costes de las obras.

Sin embargo, aunque podría pensarse que esta situación es algo coyuntural, es algo más bien estructural y que se ha dado con Administraciones de diferentes colores políticos, con falta de adecuación de la ejecución presupuestaria en los últimos ejercicios.