Puerto de Rotterdam

Holanda concede exenciones fiscales a seis puertos, entre los que se encuentra el de Rotterdam.

La Comisión Europea ha adoptado tres decisiones independientes para reclamar a Holanda, Bélgica y Francia que pongan fin a las exenciones al impuesto de sociedades que aplican en algunos de sus puertos, al ser contrarias a las reglas comunitarias de competencia.

Por un lado, la Comisión solicitó en mayo de 2013 a Holanda, tras las quejas recibidas desde diferentes ámbitos, que aboliera las exenciones que beneficiaban a algunas compañías públicas, incluidos operadores portuarios, al considerar que podrían darles una ventaja injustificada.

Posteriormente, en 2014, abrió una investigación en profundidad en este ámbito, por lo que Holanda modificó su legislación en junio de 2015 para que se cobrará ese impuesto a las compañías públicas a partir del 1 de enero de este 2016, pero excluyó a seis puertos: Amsterdam, Den Helder, Groningen, Moerdijk, Rotterdam y Zeeland.

En su última reclamación, la administración europea ha solicitado a Países Bajos que acabe con esta exención, ya que considera que el resto de la nueva legislación cumple con sus requerimientos.

Holanda tiene ahora dos meses para dar los pasos necesarios y asegurarse de que el 1 de enero de 2017 estos seis puertos están sujetos a las mismas normas del impuesto de sociedades que los demás.

Exenciones en Bélgica y Francia

La Comisión Europea informó a Bélgica y Francia, ya en julio de 2014, de sus preocupaciones sobre sus regímenes fiscales para los puertos.

En Bélgica, gozan de exenciones fiscales, en concreto pagan un impuesto de sociedades más bajo de lo normal, los puertos marítimos e interiores de Amberes, Brujas, Bruselas, Charleroi, Gante, Lieja, Namur y Ostende, así como los canales de la provincia de Hainaut y Flandes.

En Francia, los once grandes puertos marítimos del país, el puerto autónomo de París y los puertos operados por la Cámara de Industria y Comercio, están completamente exentos del pago de ese impuesto.

Bruselas considera que, en ambos casos, los puertos están recibiendo ventajas selectivas que contravienen las normas comunitarias. En consecuencia, la CE ha propuesto medidas a los dos países para adaptar sus legislaciones.

Al igual que Holanda, Bélgica y Francia tienen ahora dos meses para introducir los cambios necesarios.