En los últimos meses, los autónomos y pymes están sufriendo la «brutal escalada» de los precios de las energías, agravada por la situación bélica que se vive a nivel internacional tras la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, en estos momentos tan críticos, Fenadismer considera «inadmisible» que unos de los grandes beneficiados de la crisis sean las grandes compañías energéticas, que están obteniendo «unas ganancias escandalosas» a costa de los pequeños consumidores.

Es el caso, dicen, de las compañías petrolíferas españolas, a las que acusan de estar aprovechándose de esta situación para obtener «unos beneficios extraordinarios«. Citan por ejemplo a Repsol, que en el primer trimestre ha obtenido unos beneficios de 1.400 millones, más del doble de los que en las mismas fechas de 2021, lo que ha favorecido que el valor de sus acciones en Bolsa haya crecido casi un 50% en lo que va de año.

Detrás de estos beneficios abultados se encuentran los márgenes de comercialización que están aplicando las petroleras en el refinado en la venta de los combustibles, aprovechando el precio récord que está alcanzado el crudo a nivel internacional.

Prueba de ello es que, en la última semana el precio del gasóleo antes de impuestos en Francia se situaba 16 céntimos más bajo que en España, por lo que pese a la mayor fiscalidad sobre los carburantes que se aplica en el país galo, el diesel se vendía en las gasolineras prácticamente al mismo precio que en nuestro país.

Esto demuestra, según la Federación, «la poca sensibilidad mostrada por las principales compañías energéticas con la sociedad española, a las que no parece importarles mucho la crisis económica que se avecina«, y que exige el máximo compromiso de todos los agentes para minimizar su impacto.

Como ya sucedió en la crisis de 2008, lejos de reducir sus márgenes de comercialización, las compañías petroleras los están aumentando espectacularmente, lo que ha llevado a Fenadismer a promover una nueva macrodemanda contra ellas por los sobreprecios que están aplicando a los combustibles vendidos en España.

En su opinión, si el Gobierno no interviene este mercado de forma extraordinaria, los 100.000 transportistas que operan en la actualidad en España podrían verse abocados a corto plazo a un colapso total y a la paralización de su actividad.

 

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