El magistrado cree necesario prorrogar las concesiones por la importancia de estas carreteras.
Las dos autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid seguirán abiertas al tráfico. El Juzgado de lo Mercantil número 6 de la capital ha dejado sin efecto la decisión sobre el cierre de dichas vías el 1 de octubre, que había adoptado en mayo al dictar su liquidación.
El juez ha aceptado el compromiso del Ministerio de Fomento de asumir la gestión de las autopistas a partir del 1 de julio de 2017, aunque considera que la demora generará perjuicios a los acreedores, al incrementarse la deuda en unos 665 millones de euros.
El retraso también afectará al valor de las infraestructuras, reduciéndose el importe de la Responsabilidad Patrimonial del Estado(RPA) ante la actual concesionaria, Accesos de Madrid, una empresa participada por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia. Esto contribuirá a que sean los bancos acreedores los que deban hacer un mayor esfuerzo para que las vías sigan en funcionamiento, en beneficio del Estado.
En cualquier caso, el juez prefiere examinar estos perjuicios más adelante y señala que el cierre también hubiera supuesto el de la circunvalación de Alicante, lo que conllevaría un alto coste debido a la resolución de todos los contratos, y perjudicaría a los trabajadores de las vías y a los derechos de los ciudadanos.
Casi 11.000 vehículos circulan cada día por la R-3 Madrid-Arganda, un 6% más que hace un año, y unos 7.500 conductores toman diariamente la R-5 Madrid-Navalcarnero, un 11,3% más. En este sentido, el magistrado considera importante prorrogar estas concesiones, debido a su importancia para la calidad de vida de los ciudadanos.
Los administradores y el Ministerio firmarán un protocolo de actuación, que servirá para determinar y acometer el traspaso ordenado de las vías, sus trabajadores y contratos en la fecha convenida.
Será el propio Estado el que determine qué contratos y activos de los actuales son necesarios para la explotación de la carretera, mientras que el resto podrán rescindirse o, en el caso de los activos, liquidarse dentro del concurso de acreedores en el que se encuentra la empresa concesionaria.