Como la tortura de la gota china, las insistentes declaraciones de diferentes responsables políticos del Gobierno sobre diferentes posibilidades en torno a los peajes han traspasado desde hace tiempo el estadio de globo sonda para anticipar lo que más pronto que tarde acabará llegando.

Sin embargo, aún no lo tienen del todo claro, y como en Fomento no quieren que les pase como a otros departamentos ministeriales con el cadáver del dictador, barajan posibilidades con la seguridad del croupier que impla las ansias de los jugadores para engordar la saca de su casa de juegos.

Esta misma semana ha sido el propio José Luis Ábalos el que ha anunciado públicamente que el Gobierno analiza el pago por el uso para la red de autovías con el fin de evitar que las termine pagando quien no las utiliza, aunque ha dejado la definición de un modelo definitivo de tarificación por el uso de las infraestructuras viarias de alta capacidad a una subcomisión del Congreso de los Diputados, donde debería alcanzarse un consenso.

El paso que propone ahora el ministro, y que podría parar una convocatoria electoral, algo que Ábalos no ha descartado de cara a mayo de 2019, implica ampliar el pago por uso en las autopistas de peaje que reviertan al Estado a todas las autovías de titularidad estatal, cuyos gastos de conservación y mantenimiento implican la movilización de fuertes partidas presupuestarias que el Gobierno tiene previsto dedicar a otros fines sociales no relacionados, según parece, con la cohesión territorial.

Por otra parte, y en relación con las nueve autopistas rescatadas por el Estado, el ministro de Fomento también ha anunciado la posibilidad de abaratar el coste de sus peajes con el fin de fomentar su uso, mientras permanece parado el proyecto de volver a sacarlas a concurso para ceder su gestión a empresas privadas.