La práctica de tirar la piedra y esconder la mano está, lamentablemente, muy extendida entre los políticos españoles de diferentes tendencias que, en muchas (demasiadas) ocasiones, no son capaces de medir en términos de inversiones y empleo las consecuencias de algunas de sus propuestas.
El debate en torno a la financiación de la red viaria requiere, en primer lugar, de un acercamiento respetuoso y riguroso, que huya de la improvisación y busque el consenso, como ha defendido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, esta misma semana en sede parlamentaria, para lamentar después que el Partido Popular no tenga intención de sumarse al Pacto de Estado por las infraestructuras que ha planteado el Gobierno.
Sin embargo, Ábalos también ha indicado que el Gobierno no tiene previsto instaurar un sistema de pago por circular por las autovías españolas, pese a que recientes declaraciones o los últimos desarrollos normativos ponen en duda esa afirmación, al igual que la creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para analizar la financiación de la conservación y el mantenimiento de la red viaria de alta capacidad en el país.
En este mismo sentido, el ministro de Fomento ha anunciado que se levantarán los peajes a medida que venzan las concesiones. En primer lugar, con la AP-1, de Burgos a Armiñón, a partir del próximo 30 de noviembre, y posteriormente con la AP-7, de Tarragona a Alicante, y en la AP-4, de Sevilla a Cádiz, a partir de diciembre del próximo año, pese a que, quizás, el actual Gobierno ya no esté al frente para entonces.