Nueva complicación para el gobierno saliente de Francois Hollande. El Consejo de Estado francés ha instado al gobierno galo a tomar una decisión en los próximos seis meses sobre la fecha de aplicación de la ecotasa, puesto que dicha legislación no ha sido derogada y el proyecto no ha sido suspendido.

Aunque la ley, que se votó en agosto de 2014 preveía la entrada en vigor de este impuesto a partir del 31 de diciembre de 2015, esto no fue posible debido a «la falta de presupuesto y a la necesidad de desarrollar un dispositivo adecuado» para la recaudación de la tasa.

No obstante, la administración está obligada a tomar las medidas regulatorias necesarias que garanticen la aplicación de esta legislación, lo cual incluye un Decreto del Ministerio de Transporte y la dotación del presupuesto necesario para la implantación de la tecnología necesaria que permita el cobro del impuesto.

Sin embargo, como ha denunciado la asociación ‘Alsace Nature‘, los ministros competentes se han negado de forma implícita, por lo que han tenido que recurrir al Consejo de Estado, que considera que la negativa a ponerla en marcha sería «ilegal».

También afirma que el Gobierno francés ha preferido aplazar el cobro de esta tasa, pero ha recordado que aunque esté pendiente su derogación en el Parlamento, «esta aún no se ha producido» por lo que mientras tanto, es necesario tomar las medidas oportunas para su aplicación.