La Diputación de Guipúzcoa inició a finales de julio la tramitación de una nueva norma foral para intentar establecer por tercera vez un sistema de peajes a camiones sobre todo el trazado de la N-1 y la A-15, a fin de tratar de no incurrir en los mismos “errores jurídicos” que afectaron a las regulaciones anteriores.
Para ello, plantea establecer hasta 32 puntos de control para el cobro del peaje frente a los cuatro existentes con anterioridad. Sin embargo, para asumir la mayor inversión que supondría, propone incrementar sustancialmente el importe de los peajes, llegando a triplicar el precio exigido actualmente.
Esto supone, a juicio de Fenadismer, una "venganza" hacia los transportistas por haber conseguido tumbar dicha medida recaudatoria, primero en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y posteriormente en el Tribunal Supremo.
Ni la N-I ni la A-15 son vías asimilables a las autopistas de alta capacidad en cuanto a su diseño y trazado, pero el importe propuesto supera con creces el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional, llegando a los 0,28 euros por kilómetro recorrido, frente a una media de 0,19.
Por tanto, cada camión deberá soportar un peaje por trayecto recorrido de hasta 14,80 euros, frente a los 5,94 euros que soportaba en la actualidad.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Sebastián ya ha admitido a trámite el inicio de actuaciones por la querella interpuesta por el Comité Nacional de Transporte por Carretera, contra la diputada foral de Infraestructuras, Aintzane Olabide, y la empresa pública Bidegi, por presunta desobediencia grave al no paralizar aún el cobro del actual peaje.
