En momentos en que los ingresos escasean, tener que prescindir de una fuente de ingresos segura y, sobre todo, regular, supone un cruel mazazo para cualquier administración pública.

En Guipúzcoa, la Diputación ha montado un sistema, como es el caso de los peajes para camiones, que le permite, además, ingresos periódicos sin tener que soportar el coste en popularidad que supone poner nuevos impuestos a la población.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado ya por dos veces esta tasa, la administración provincial vasca parece decidida a mantener esta gallina de los huevos de oro a toda costa.

Por este motivo, la Diputación de Guipúzcoa plantea en su recurso de casación que la norma que regula este canon tiene carácter tributario, como si de un impuesto más se tratara, pese a que fue tramitada por la Comisión de Infraestructuras de las Juntas Generales de Guipúzcoa y no la Comisión de Hacienda, comol indica Fenadismer.

Además, el cobro y gestión de los pagos no lo hace una Administración, sino que lo lleva a cabo una empresa pública, como es Bidegi, lo que conlleva que se aplique el IVA correspondiente, como cualquier otro peaje en el resto de España.

Fenadismer estima que, con esta estrategia, a la que tacha de «artimaña legal», se intenta «sortear que la Justicia pueda valorar la legalidad de dicha norma, ya que si la Norma Foral se considerara de contenido tributario sólo podría ser analizada por el Tribunal Constitucional, impidiendo a los afectados poder impugnarla».