La prepotencia de las Administaciones públicas españolas es un rasgo tradicional de una punta a otra de este país, así es que no es de extrañar la trayectoria de la Diputación de Guipúzcoa en relación con su sistema de peajes para camiones tumbado por la Justicia.

En este sentido, las autoridades provinciales insisten en la legalidad del canon a los vehículos pesados en la N-I y en la A-15 y defienden que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no será firme hasta que se publique en el Boletín Oficial de Gipúzcoa.

Así pues, la Dipuatción se erige en garante de las normas forales vascas vigentes y afirma que por “será absolutamente obediente con la sentencia cuando esta se publique en el Boletín Oficial de Guipúzcoa”.

Se trabaja contrarreloj en una nueva norma de aplicación inmediata

En consecuencia, la provincia tiene la firme determinación de seguir cobrando a los vehículos pesados por circular por estas carreteras y tiene previsto aprobar un nuevo decreto foral en los próximos días que será de aplicación inmediata, al tiempo que seguirá elaborando una nueva norma foral para su aprobación en las Juntas Generales.

Según la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, «ninguna sentencia cuestiona nuestra capacidad para poner peaje en nuestras carreteras. Por lo tanto, está fuera de toda duda el derecho de Gipúzcoa a cumplir el mandato democrático de sus Juntas Generales».

Además, Oiarbide precisa que el peaje se pone a los camiones, no a los camioneros, así que, en su opinión, «quien compra la carga del camión paga esos gastos, igual que nosotros cuando cogemos un taxi pagamos el peaje además del viaje».

De igual modo, la Diputación estima que en los pleitos por los peajes “no está dicha la última palabra”, toda vez que se han presentado ante el Supremo sendos incidentes de nulidad, al entender la Diputación que el Alto Tribunal debería haber formulado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de pronunciarse sobre esta materia, dado que, en su opinión, se trata de la trasposición de una normativa europea y que las propias autoridades comunitarias avalan el peaje de Gipúzcoa.