La Audiencia Nacional ha dado un paso más en la maraña judicial que envuelve la polémica ampliación del puerto de Gijón al ordenar este mismo mes de enero la celebración de un juicio penal contra los antiguos máximos responsables de la Autoridad Portuaria, con el fin de dilucidar la existencia de supuestas irregularidades en la contratación, adjudicación, ejecución y sobrecostes de esta obra portuaria.

En este sentido, el órgano judicial ha pedido a la Fiscalía y al resto de acusaciones que decidan ahora si formulan acusación, como paso previo a la celebración del juicio, al tiempo que ha rechazado diversos recursos, entre los que se encuentra el de la unión temporal de empresas adjudicataria de las obras en su momento, Dique Torres.

Así mismo, en sentido contrario al Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional también estima que el procedimiento debería analizar cualquier posible vulneración de la normativa de contratación pública que hubiera podido producirse en este caso concreto.

En el fondo del caso, las obras de ampliación del puerto gijonés se otorgaron por un importe de 499 millones de euros y con un plazo de ejecución de 46 meses, aunque finalmente acabaron costando 708,7 millones, con un tiempo para las obras que se alargó en otros 22 meses.