La Comisión Europea ha escenificado este pasado miércoles la aprobación del Plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supondrá una inyección de 69.500 millones de euros en transferencias directas, ampliables hasta más de 140.000 en créditos, si fuera necesario, hasta 2026.

El Plan constituye, a juicio del Gobierno español, el mayor esfuerzo inversor y reformista del país desde su ingreso en las instituciones comunitarias europeas, hace 35 años.

Sin embargo, el proyecto también contiene medidas menos populares que la mera adjudicación de fondos europeos, a las que no se les da la misma visibilidad desde Moncloa.

Pago por uso de la red de vías de alta capacidad

En este sentido, el Plan incluye, según recoge literalmente, «un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras».

De este modo, más allá de la invitación al diálogo y la falta de concreción, parece que la instauración de lo que se denomina en el Plan «el desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad» ha dado un nuevo paso más adelante, al hacerse con el beneplácito de la Comisión Europea, pese a que los representantes de la Administración afirmen una y otra vez que solo se sacará adelante si existe un consenso.

Consecuentemente, el proyecto debería estar listo antes de marzo de 2022, con vistas a su entrada en vigor definitiva para 2024.

A este respecto cabe preguntarse si este ansiado consenso que se predica, comprenderá a todos, o solo a aquellos que, como ya viene siendo habitual, estén a favor.