Antes de que pueda entrar en vigor esta nueva Norma se requiere la aprobación de la Comisión Europea.
Además de recurrir ante el Tribunal Supremo la declaración de nulidad realizada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con los peajes para vehículos pesados en Guipúzcoa, la Diputación guipuzcoana también ha iniciado los trámites para poner en marcha una nueva regulación de estos cánones.
Así pues, a través de la elaboración de una nueva Norma Foral, las autoridades provinciales guipuzcoanas proponen la modificación de "los tramos sujetos al cobro de canon tratando de evitar cualquier interpretación de posible discriminación", según consta en el proyecto de Norma que desde la semana pasada se somete a información pública.
Así pues, la Norma determina que el pórtico de Etzegarate tiene una longitud de tránsito de 7,45 kilómetros, el de Astigarraga cuenta con una longitud de 3,19 kilómetros, de Andoain de 5,37 kilómetros y el de este mismo municipio con salida o entrada en el enlace norte de Andoain, una longitud de 2,2 kilómetros, con dos nuevos pórticos, por tanto.
En este sentido, la Diputación asegura que se han realizado diversos análisis técnicos para "asegurar el establecimiento de criterios de cobro respetuosos con el de no discriminación entre los usuarios de las vías en las que se aplica el canon, independientemente de su origen y de su destino".
De igual modo, la norma también prevé que, dado que "antes de la aplicación de un nuevo régimen de tasas por infraestructura hay que enviar a la Comisión la información necesaria para que pueda emitir su dictamen en un plazo de seis meses", la fecha de inicio de cobro no podrá ser posterior al 15 de mayo de 2019.
Hasta entonces, el proyecto de Norma Foral prevé, una vez aprobada definitivamente, la aplicación transitoria de parte de las normas anteriores que regulaban el pago de estas tasas.
Las asociaciones de transportistas han reaccionado en contra de la regulación que prepara la Diputación de Guipúzcoa. En particular, Fenadismer estima que el proyecto legal constituye una "auténtica burla tanto a la propia justicia como al colectivo de transportistas guipuzcoanos y del resto de España afectados por la voracidad recaudatoria de la Diputación guipuzcoana".