La Comunidad de Madrid estudia recurrir por vía judicial las medidas establecidas por el Ayuntamiento.

La Comunidad de Madrid estudia recurrir por vía judicial las medidas establecidas por el Ayuntamiento.

A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor del área restringida de acceso a la ciudad de Madrid conocido como ‘Madrid Central’, crecen los problemas y situaciones no previstas que muestran la falta de organización que, a juicio de muchos, rodea al proyecto.

Como informa la Plataforma de Afectados por Madrid Central, la línea telefónica municipal de información sobre el proyecto está permanentemente colapsada, la colocación de paneles informativos sobre las plazas de parking disponibles está aún en licitación, tampoco hay noticias de la aplicación móvil para buscar aparcamiento y, por último, aún no está activada la tramitación del alta en la base de datos de gestión de accesos a Madrid Central para empresas y profesionales.

De igual modo, los transportistas han mostrado esta misma semana «su tremenda preocupación por la desinformación y desorganización que se está produciendo en torno al proyecto Madrid Central», según consta en un comunicado de CETM-Madrid, y sentencian que esta situación es «una consecuencia más de que el Ayuntamiento de Madrid haya optado por la vía de la imposición, renunciando al diálogo y consenso con los sectores afectados«.

Caos para la distribución urbana

Para la organización, «la nueva regulación del área de acceso restringido (AAR) de Madrid Central está suponiendo un auténtico caos para el sector de la distribución urbana, ya que al desconcierto de información generado desde el Ayuntamiento, se une la gran inseguridad jurídica en cuanto a la renovación de flota, ya que se trata de una medida prevista hasta 2025 cuando existen vehículos cuya vida útil es de más de 15 años».

En este mismo sentido, la Comunidad de Madrid estudia recurrir por vía judicial las medidas establecidas por el Ayuntamiento para poner en marcha Madrid Central a finales de noviembre, con el fin de impedir que el cierre del centro de Madrid afecte a la movilidad en toda la región.

Las asociaciones de transporte y logística de Madrid piden mayor flexibilidad en los plazos de este proyecto, con medidas realistas y asumibles. Según los cálculos de diversas instituciones, la renovación del 90% de la flota de distribución urbana aquí a 2025 supondrá una inversión de más de 1.300 millones de euros.