El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha dado por concluida la instrucción del denominado 'Caso Plaza', por los desfases millonarios en el coste de las obras, y ha imputado a un total de 26 personas por 19 delitos económicos.
Entre los imputados se encuentra el exdirector gerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo García Becerril; el viceconsejero y exconsejero de Obras Públicas del gobierno de Aragón, Carlos Escó, y el empresario y expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias.
Los 19 delitos presuntamente cometidos por los imputados son los referidos a malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falsificación documental, prevaricación, fraude y exacciones legales, según el auto hecho público el viernes 30 de octubre.
Una denuncia presentada en el Juzgado de Guardia de Zaragoza el 14 de agosto de 2013 por Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada inició este procedimiento que se ha concluido en tan solo dos años.
La sociedad pública Plaza, constituida inicialmente con las aportaciones de capital de la Diputación General de Aragón, con 800 millones de pesetas, y el Ayuntamiento de Zaragoza, con 200 millones de pesetas, fue objeto, posteriormente, de una ampliación de capital lo que motivó entrada de en la sociedad de Ibercaja y Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Acuerdos entre Plaza e Intecsa-Inarsa
Para poder desarrollar la actividad de la sociedad y las obras a ejecutar, se sacó a licitación pública tanto la dirección de las obras como la empresa contratista. La consultora Spim, encargada de realizar el proyecto, entregó a García Becerril el 26 de febrero de 2002 el pliego para el concurso de licitación, redactado con la colaboración de la empresa Intecsa-Inarsa, pliego que ya con anterioridad, el 7 de febrero de 2002, el delegado de Intecsa-Inarsa, Nicolaas Adrianues Groeneveld, había enviado a Becerril, según se indica en el auto.
El juez ha estimado que Groeneveld y García Becerril se pusieron de acuerdo, no sólo para que la mencionada empresa participara en el concurso, sino también, y con independencia de los licitadores que se presentaran, para adjudicar a dicha empresa la dirección facultativa de las obras con el fin de obtener ambos un beneficio personal y sin perjuicio de que ello supusiera un beneficio para Intecsa-Inarsa y un perjuicio para Plaza.
Presentados los pliegos, la consultora Spim no los calificó positivamente por el precio, vicios, defectos y omisiones del proyecto presentado haciéndoselo saber a García Becerril y al director técnico, Miguel Ángel Pérez. Pese a ello, ambos adjudicaron a Intecsa-Inarsa la mayor puntuación del concurso resultando la mencionada empresa la adjudicataria de las obras.
Dicha actuación no fue controlada ni revisada ni por el consejero-delegado, Carlos Escó Sampériz, ni por el Consejo de Administración como correspondía a las funciones que tenían encomendadas.
También en la segunda fase
El magistrado considera asimismo que se procedió de la misma manera en la adjudicación de la segunda fase de urbanización. En esa ocasión, García Becerril envió un correo electrónico a Miguel Ángel P.C. indicándole que debía subir la puntuación de la UTE Necso y MLN, siendo finalmente ésta la empresa que resultó adjudicataria de las obras.
Por los informes periciales, existen indicios para apreciar que las obras certificadas y no ejecutadas ascienden a más de 36,5 millones de euros y el desfase entre la obra certificada y valorada pericialmente asciende a 150,5 millones de euros.
Conforme el auto, se aprecian indicios suficientes para considerar la existencia de un plan urdido entre los principales responsables de las obras en Plaza.
Asimismo, dentro de la Ute Plaza se creó un entramado societario para abonar facturas por trabajos ficticios,no realizados o que no tenían relación con las obras de urbanización de la Plataforma Logística, ha expuesto el magistrado. Así, constan en la causa facturas emitidas por 25 sociedades, aparentemente subcontratistas, y que realizaron trabajos para la citada UTE, facturación que asciende a 5,2 millones de euros.
Malversación de caudales públicos
El auto recoge también la imputación a Carlos Escó Sampériz de un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo cooperador necesario el empresario Miguel Ángel Floria Arriazu.
A Agapito Iglesias, como administrador de Multi Inversiones 2005, se le han imputado un delito continuado de cohecho, un delito continuado de exacciones ilegales y un delito continuado de falsificación documental. Además, entre los imputados se encuentran la mujer y dos hijas de García Becerril; directivos y responsables de Obras de Ute Plaza y empresarios.
Las partes personadas en el proceso disponen de un plazo de 30 días para solicitar la apertura de juicio oral, formular escritos de acusación, o solicitar el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que, excepcionalmente, puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.