«La acción inmediata por parte de las autoridades francesas, incluida la policía y las fuerzas armadas, es esencial para proteger a los conductores y vehículos que tratan de operar a través del puerto de Calais«.

Así lo han señalado recientemente desde la Unión Internacional del Transporte por Carretera (IRU), tras los hechos acontecidos recientemente en el puerto de Calais, cuando los trabajadores de MyFerryLink bloquearon el puerto francés y provocaron colas de cientos de camiones, a los que decenas de personas intentaron subirse para cruzar el Canal de la Mancha.

El problema de la inmigración ilegal al norte de Francia, que ha sido denunciado en varias ocasiones por la asociación, ha vuelto a aflorar una vez más.

Por este motivo, desde la IRU han hecho un llamamiento tanto a Francia como a la Unión Europea para que actúen urgentemente con el fin de «aliviar la terrible situación de los 3.000 inmigrantes en el área de Calais», ya que el sector del transporte por carretera «no puede esperar a que se tomen medidas para evitar más muertes o lesiones graves».

Del mismo modo, afirman que Francia no está cumpliendo con la obligación de velar para que sus puertos y carreteras sean seguras de usar. Así, los conductores de camiones se enfrentan a una situación «cada vez más desesperada y peligrosa» como resultado del fracaso francés a la hora abordar el problema obvio que tienen los puertos del Canal de la Mancha.

Escoltar a los camiones en los puertos

Ahora, el país «debe actuar por el bien de los inmigrantes y para proteger a los conductores de camiones», para lo que la organización propone medidas como una mayor presencia de las fuerzas armadas en las zonas portuarias, escoltar a los camiones cuando transiten por los puertos y sus zonas de influencia o establecer zonas de estacionamiento más seguras, entre otras actuaciones posibles.

«El estado francés ha fracasado en Calais durante años y, ahora, los operadores de transporte y su personal se enfrentan a las consecuencias de esta inacción», han sentenciado desde la IRU antes de indicar que los operadores de transporte están cada vez menos dispuestos a enviar a sus empleados a estas zonas peligrosas.