Gobierno y oposición han tenido a bien utilizar al transporte de mercancías como arma arrojadiza para su batalla política en el Congreso de los Diputados, a costa de la abrumadora oposición en el sector contra el sistema de pago por uso que proyecta el Ejecutivo.

Lo cierto es que unos y otros han manejado proyectos de este tipo y que más pronto que tarde llegará a las vías de alta capacidad españolas algún tipo de canon.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lo tiene claro y ha asegura en sede parlamentaria que «los transportistas pueden estar seguros» de que «no vamos a implantar un sistema que no pase por el diálogo y por el consenso, como así nos comprometimos».

Sin embargo, Sánchez también ha avisado de que «no vamos a eludir la responsabilidad, aun sabiendo que es un tema que puede generar aristas y es un tema que hay que explicar y hacer pedagogía«.

En definitiva, la decisión está tomada y el «consenso» se limitará, en el mejor de los casos, a establecer una cuantía del pago por uso más reducida para el transporte, de tal manera que, cuando el proyecto salga a información pública, las asociaciones empresariales podrán presentar alegaciones y el Gobierno decidirá si las tiene en cuenta o no, con lo que se cumplirán los requisitos de «diálogo y consenso».

El sistema de pago por uso es uno de los factores que ha llevado al sector a convocar un paro patronal para mediados de este mismo mes de diciembre a la vista del secretismo con el que el Gobierno está diseñando este proyecto, al menos de cara a las empresas de transporte representadas en el Comité Nacional.

 

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