Los investigadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) han explicado, en el informe remitido a las autoridades comunitarias y al Ministerio de Hacienda, que la Autoridad Portuaria de Gijón es en parte responsable directa de las irregularidades expuestas en su informe sobre las obras de El Musel, concretamente en lo relativo al modificado del proyecto inicial para acometer los trabajos, según informaciones de elcomercio.es.
En dicho informe se explica que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, adjudicataria de la ampliación del puerto, denegó a la Olaf el acceso a sus registros contables relativos al proyecto, con lo que los investigadores no han podido analizar la contabilidad relativa al coste.
A partir de la información recogida por el organismo europeo durante la investigación, la Olaf ha indicado que una serie de irregularidades fraudulentas han sido cometidos bien directamente por el beneficiario de la ayuda, es decir, la Autoridad Portuaria de Gijón, o bien por Dique Torres en connivencia con la misma.
Foro Asturias hace público el informe
Los 341 folios que constituyen el informe, que diversos organismos públicos han venido solicitando durante las últimas semanas, han sido publicados esta semana por la organización Foro Asturias y se puede consultar en este enlace.
En sus páginas, la Olaf asegura que no han sido respetadas las directivas de la UE y la legislación nacional en materia de contratación pública. Además, denuncia graves deficiencias en los sistemas de gestión y de control que debe llevar a cabo el beneficiario dirigidos a garantizar la legalidad, la regularidad y la elegibilidad de los gastos pagados con cofinanciación europea.
Según el organismo europeo es imposible determinar la cantidad de materiales que han sido empleados en las obras, ya que solo se seleccionaba una muestra de vehículos para su pesaje, atribuyendo al resto de camiones un peso medio en el transporte de materiales desde la canteras.
Además, se han detectado falsas informaciones de la UTE sobre el número de transportes de material efectuados, y algunos camiones que la adjudicataria incluye en los transportes de piedras no han sido identificados por las compañías subcontratadas como pertenecientes a sus flotas.
Hechos puntuales
Otros hechos que se denuncian es que el precio de los materiales suministrados por las canteras de Tudela Veguín no se corresponde con el aprobado inicialmente, y no existe contraprestación económica por la extracción de dichos materiales.
Por otro lado, los informes contables de dicha cantera señalan que su contrato con la UTE por la que se extraerían de las mismas 18 millones de toneladas de materiales se firmó en junio de 2005, un año antes de que el puerto de Gijón, Dique Torres y la cantera Aboño, firmasen la extracción de materiales de ésta última siendo el precio establecido de 7,30 e/m³.
Revocación de las subvenciones
Partiendo de estos datos, desde la Olaf no se comprende que el puerto de Gijón aceptase un aumento de 250 millones de euros basado principalmente en el incremento del precio de los materiales mientras que, contrariamente, el licitador firmara un contrato para la extracción de materiales sin ninguna contraprestación económica directa.
Por ello y por la falta de control que ha demostrado el puerto sobre la revisión de materiales a la que le obligaba el fondo europeo, los investigadores europeos recomiendan la revocación de las cantidades subvencionables, lo que obligaría al puerto a devolver los 198 millones de euros ya pagados por el Fondo de Cohesión.