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Las pymes consideran que «el texto del proyecto es ambiguo y no contempla las medidas realmente necesarias«.

Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) y la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) han redactado una propuesta de enmiendas al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público para la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE.

Más de 100 asociaciones y gremios, que representan a más de 1,5 millones de empresas, se han adherido a la propuesta de estas tres entidades, que consideran que la aprobación de estas enmiendas eliminaría ambigüedades y contradicciones, y permitiría a las pymes un mejor acceso a la contratación pública

Por ello, las han enviado a los partidos que cuentan con representación parlamentaria y tienen previsto hacer lo mismo con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El proyecto se tramita ahora con carácter de urgencia obedeciendo a una imposición de la Comisión en el marco del procedimiento de déficit excesivo del año 2016, ya que el plazo para la transposición de la Directiva expiró en abril del pasado año.

Las tres entidades, que ya habían denunciado este hecho ante Europa, se han mostrado convencidas de que la normativa tendrá una gran trascendencia, ya que la contratación pública supone casi el 20% del PIB y han señalado que aunque «el espíritu del proyecto de Ley va a favor de las pymes, el redactado queda muy lejos de esa realidad«.

De hecho, han asegurado que «el texto es ambiguo y no contempla las medidas realmente necesarias» que permitirían el acceso de las pequeñas y medianas empresas a este tipo de contratación, incumpliendo por tanto uno de los mandatos de las ‘Small Business Act’ (SMB).

Críticas al proyecto de Ley

Por otro lado, han indicado que el proyecto no apuesta por la división en lotes, aunque sería la manera de garantizar un mejor acceso de las pymes a la contratación pública y generar un mayor crecimiento de la economía y el empleo.

Tampoco recoge la demanda de que se cumpla escrupulosamente la legislación vigente en materia de morosidad, y permite legalmente la ampliación de los plazos de pago establecidos previamente, tanto por la legislación española como por las Directivas Comunitarias.

Por otro lado, según han observado, la propuesta del Gobierno no contempla establecer mecanismos de pago y relación directa al subcontratista, tal como posibilita la Directiva 2014/24, y abre la puerta al pacto entre las partes.

En cuanto al seguimiento del contrato, solamente indica que los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato a quien corresponderá supervisar su ejecución.