Vista aérea del puerto de Sevilla.

Puerto de Sevilla.

La plataforma ‘Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir‘, formada por la patronal y los sindicatos, ha celebrado una reunión con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en defensa del dragado de profundización del río Guadalquivir que promueve la Autoridad Portuaria hispalense.

A la reunión mantenida en la sede del Ministerio han asistido representantes de la Confederación de Empresarios de Sevilla; de la Cámara de Comercio; de CCOO de Sevilla; y de  UGT.

En la misma, se han explicado a la ministra las alegaciones presentadas por empresas y entidades sevillanas a favor del dragado, para que éste sea incluido definitivamente y a todos los efectos en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, al mismo tiempo que le expresaron su convencimiento de que el desarrollo de la economía sevillana pasa, en gran medida, por el movimiento económico que se generará en torno al puerto y a la futura Zona Franca.

Reclamación a las Administraciones

Se trata del proyecto de dragado de profundización del río que desde hace años promueve la Autoridad Portuaria, para permitir que barcos de mayor calado lleguen hasta el puerto de Sevilla.

Un proyecto que cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, que temen que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos.

El proyecto, prevé la ampliación el calado del río de 6,5 a 8 metros de profundidad y su diseño inicial fue desesteimado en la pasada legislatura por el Ministerio de Medio Ambiente, lo que obligó a la Autoridad Portuaria a reformular los términos del mismo.

El diseño de la actuación, así, ha sido replanificado para acometer una profundización de 0,85 metros en 2015 y 0,65 metros en 2016 y 2017.

La sentencia del Supremo

Una sentencia del Tribunal Supremo anuló las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacían referencia al dragado de profundización, una actuación que el Supremo considera no está «justificada».

Por su parte, la Comisión Europea ha incoado un procedimiento por infracción contra España, a cuenta del posible impacto del dragado de profundización en el parque natural y nacional de Doñana.