Si nada logra remediarlo antes, el Gobierno le quedan dos años para desarrollar un sistema de pago por uso que aplicará a la red estatal de vías de alta capacidad a partir de 2024 si, tal y como prevé el propio Ejecutivo se aprueba la reforma fiscal prevista para un año antes.

Lo cierto, por ahora, es que el Plan de Recuperación enviado a Bruselas la semana pasada sobre la bocina ya anuncia esta medida, aunque sin concretar mucho más, de tal modo que hoy por hoy es aventurado saber si se aplicará a todos los usuarios de la red o solo a algunos.

En este sentido, las empresas de transporte del país se miran resignadas porque saben que les toca sí o sí.

Sin embargo, antes debería haber Elecciones Generales en 2023, que es cuando tocan, aunque también podrían adelantarse dado el actual mapa político del país, especialmente tras las últimas elecciones autonómicas de Madrid.

Mientras tanto, el Partido Popular ya ha abierto el fuego en el Parlamento contra una medida que busca generar ingresos para poder sufragar las ingentes necesidades de mantenimiento que tiene la red viaria española, a riesgo de perjudicar gravemente la competitividad de muchos productos españoles en la Unión Europea, especialmente de aquellos más tradicionales y sometidos a fuertes tensiones comerciales procedentes del exterior de la UE, como los hortofrutícolas.