La Comisión Europea ha propuesto, a través del ‘Reglamento de estándares de eficiencia de vehículos ligeros‘ incluido en el paquete legislativo ‘Fit For 55’, reducir el 100% de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas para 2035. Esto supondría, de facto, la prohibición de las ventas de vehículos con motor de combustión interna.

Es por ello que 15 asociaciones que representan a distintas industrias vinculadas al transporte y la movilidad han querido alertar de las consecuencias sociales y económicas que tendrá dicha medida, entre las que destacan la pérdida de empleo o la restricción del derecho a la movilidad para las rentas más bajas, los colectivos más vulnerables o las zonas rurales.

Se trata de la ACE, Aevecar, AOP, APPA Biocarburantes, Astic, ATliq, Bio-e, CEEES, CETM, Codigasoil, Confebus, Ewaba, Fedeport, Sernauto y UPI. Todas ellas mantienen su compromiso con  la reducción de emisiones en el transporte, pero han reclamado una transición energética más accesible, justa e inclusiva.

Con este fin, han remitido una carta a los Ministerios de Transición Energética, Industria, Trabajo, Hacienda, Política Territorial, Derechos Sociales, Ciencia y Presidencia del Gobierno.

Por un lado, exponen que la apuesta por una única opción tecnológica, impidiendo el desarrollo de otras opciones como los ecocombustibles, agravará la pérdida de puestos de trabajo en las cadenas de valor de la automoción y del suministro energético por carretera.

Además, subrayan la dificultad que supone para los ciudadanos asumir los costes de la renovación acelerada de infraestructuras y vehículos, sin ninguna opción que permita amortiguar este impacto, como la que significaría el desarrollo de los ecocombustibles para reducir las emisiones de los actuales motores de combustión.

Por todo ello, recomiendan que la transición energética se aborde desde una perspectiva que tenga en cuenta a todos los sectores y colectivos, y que incluya los combustibles líquidos y renovables de bajas o nulas emisiones, pues permiten reducir las emisiones de forma inmediata y masiva gracias a su compatibilidad con el parque móvil y las infraestructuras existentes.

En este sentido, este grupo de asociaciones concluyen que establecer restricciones tecnológicas deriva en un retraso en la consecución de los objetivos climáticos, además de una pérdida de eficiencia en el proceso de la transición energética.