Comisiones Obreras y UGT han acordado iniciar un proceso de movilizaciones, según su criterio, «con el objetivo de poner freno al intento de desguace del modelo postal público de la dirección de Correos».

Los sindicatos estiman que la empresa pública está evolucionando para convertirse en un operador logístico puro, en lo que definen como «un experimento-pelotazo (para sus amigos), abriendo las puertas a su futura privatización y dejando en el camino la misión de servicio público postal que tiene encomendada».

Para defender estos argumentos, los representantes de más del 70% de la plantilla del operador postal público acuden a lo que estiman un «tijeretazo a la financiación del servicio postal público» y lo que consideran un proceso destinado a debilitar a Correos para preparar su privatización.

Precisamente a este último proceso se deberían, según Comisiones Obreras y UGT, el hecho de que se esté trasvasando actividad a Correos Express y que se estén externalizando servicios.

De igual modo, las central sindicales defienden que se está «cediendo, regalando o malvendiendo el patrimonio inmobiliario histórico» de Correos y que se está llevando a la empresa pública a «la quiebra económica para vender que lo público no funciona«.

Así mismo, ambos sindicatos aducen que se está «reduciendo la red postal, suprimiendo rurales, cerrando centros y oficinas», así como recortando empleo, suprimiendo, a su juicio, puestos, reduciendo contratación, y empeorando su calidad, con un 36% de temporalidad, según calculan.

Así pues, la primera fase de movilizaciones consistirá en la realización de asambleas y concentraciones en diferentes zonas geográficas, con paros parciales, antes de hacer frente, según explican, a un posible huelga general.