Fetransa estima que la intención de la Comisión Europea de prohibir los vehículos diésel e híbridos en 2035 supone «una muestra más del desconocimiento de la clase política sobre la realidad que vive la calle».

Así mismo, la organización empresarial estima que este anuncio ha generado «una gran incertidumbre entre fabricantes y usuarios, ante la inexistencia de fuentes de propulsión alternativas».

En este contexto, la patronal estima que el principal problema está en «la incapacidad de disponer de una tecnología suficientemente accesible económicamente para renovar por completo el parque de vehículos, además de otros aspectos como el tiempo de recarga, el peso de las baterías  y la escasa autonomía«.

A su jucio, esta situación provocará «un más que previsible envejecimiento de la flota de vehículos de transporte, al paralizarse de forma automática la inversión en renovación de flota ante la incertidumbre generada».

Así pues, la institución señala el alto coste de los vehículos eléctricos, «inasumible para la mayoría de las empresas del sector», en su opinión, sin tener en cuenta el retorno de esa inversión, la segunda vida del camión y muchas otras variantes

Por ello, Fetransa reclama que se establezca «un período transitorio claro que ofrezca garantías al transportista para acceder a la compra del vehículo eléctrico».