portico para el cobre del telepeaje en las carreteras guipuzcoanas

La nueva normativa no ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, ha calificado de «chapucera e ilegal» la reforma exprés de la norma formal que regula los peajes en la N-1 y la A-15 de Guipúzcoa, tramitada por vía de urgencia para sortear un posible fallo en contra del Tribunal Supremo.

La nueva normativa, que no ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, pasa por el establecimiento de dos nuevos pórticos de control en Astigarraga y Andoáin, y amplía levemente el tramo sujeto a cobro para «tratar de camuflar su carácter discriminatorio«.

De este modo, la Diputación seguirá exigiendo el pago a los más de 10.000 camiones que transitan por ambas vías cada día, manteniendo los ingresos millonarios que recauda pese a que en abril de 2018 el Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal el peaje puesto en marcha inicialmente.

Fenadismer recalca que aunque la norma foral aprobada, publicada ya en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, debería haber entrado en vigor al día siguiente de su publicación, lo que correspondería al 20 de noviembre, en una de las disposiciones se señala que el momento en que empezará a aplicarse será determinado por la Diputación.

De la misma manera, se establece la derogación del sistema de cobro que se venía realizando, pero en la citada disposición se indica que la norma actual se seguirá aplicando pese a estar expresamente derogada.

Aprobación europea

Por otro lado, para la Federación resulta «especialmente grave» que la nueva regulación haya sido aprobada sin contar con el preceptivo informe previo de la Comisión Europea y planteará al resto de organizaciones nacionales de transportistas emprender acciones administrativas y judiciales para tratar de impedir la entrada en vigor de la norma.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha dictado ya el auto por el que designa al magistrado que se encargará de resolver sobre la procedencia o no del recurso de casación interpuesto tanto por la Diputación como por las Juntas Generales.