La Generalitat Valenciana pide la gratuidad de la AP-7 mientras duren las obras en la A-7.

El transporte tarraconense pide a las administraciones inversiones para mejorar la seguridad vial en la N-340.

Los vehículos pesados vuelven a convertirse en el centro de la diana de la seguridad vial, pese a que, en ciertos casos, el estado de las carreteras también tiene su impacto en la repetición de accidentes en lo que los expertos denominan puntos negros.

La N-340 en Tarragona es una vía con una alta densidad de circulación de vehículos industriales, en la que, desde hace tiempo, se viene jugando con la posibilidad de establecer un desvío obligatorio para camiones hacia la AP-7, algo que, según se deduce de recientes declaraciones de Enric Milló realizadas esta misma semana, delegado del Gobierno en Cataluña, es inminente, de tal manera que el desvío sería voluntario entre Castellón y Tarragona, para pasar a ser voluntario entre la capital tarraconesa y el municipio barcelonés de Vilafranca.

Al sector de transporte de mercancías por carretera de Tarragona, sin embargo, no le convencen la obligatoriedad de los desvíos de carreteras nacionales a autopistas de peaje porque, a su juicio, constituyen una manera de generar beneficios de manera artificial para las concesionarias y evitan que las administraciones inviertan en mejoras de las infraestructuras.

Ante esta situación, los transportistas tarraconenses se plantean volver a movilizarse en próximas fechas para protestar por estos desvíos obligatorios que, según su opinión deberían suponer una bonificación total, o, por lo menos, del 75% de importe del peaje, de los tramos de autopistas de peaje que se ven obligados a utilizar.