Uno de los aspectos de la crisis económica que se está solapando con la actual crisis sanitaria está relacionado con la drástica reducción cada vez más evidente que están viviendo los ingresos públicos.

En un marco en el que la situación pide inversiones públicas para mantener la actividad económica crece la presión para que las Administraciones intenten obtener ingresos de allá donde les sea posible.

Así pues, este verano, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos ha presentado al Gobierno un plan de estímulo para la economía española con una inversión conjunta superior a los 300.000 millones de euros.

Se trata, según la organización, «de un programa de transformación estructural del modelo de crecimiento de España basado en la colaboración público-privada y en línea con las pautas marcadas por la Agenda 2030, la revolución digital y el Green Deal de la Unión Europea para avanzar en la lucha contra el cambio climático».

Así mismo, la propuesta propone que el sector privado sea el encargado de financiar las inversiones en aquellos sectores estratégicos para la economía, a través de un régimen de concesiones y mediante un marco jurídico estable.

La Cámara propone un modelo concesional de pago por uso de las infraestructuras y servicios por parte de los usuarios, con el fin de que el plan se implemente sin afectación para las finanzas públicas ni a los principios de estabilidad presupuestaria, sin generar endeudamiento adicional a las administraciones.

Además, la institución espera que el Plan, que tiene una duración de entre seis y quince años según el sector de aplicación, comportaría la generación de 4,5 millones de puestos de trabajo e implicaría una reducción de la tasa de desempleo actual de entre un 7,4% y un 9,7%.