Con el Paquete de Movilidad pendiente de apenas dos trámites para su aprobación definitiva y, sin que todavía tenga el visto bueno final, ya puesto en duda, el transporte europeo se encuentra en una encrucijada a la hora de definir su modelo de negocio de cara al futuro.

Se enfrentan dos visiones contrapuestas de lo que ha de ser un sistema de transporte. Por un lado, están aquellos que defienden un sector regulado, en el que la lucha contra la competencia desleal sea efectiva, mientras que, por otro, otros defienden un mercado dejado a una libre competencia feroz, sin apenas restricciones.

Entre medias, gran parte del transporte español propone un modelo que permita preservar la competitividad de las empresas de transporte, pero que, al tiempo, ofrezca todas las garantías sociales.

En este marco, hasta el Parlamento Europeo han llegado las dudosas prácticas de algunas empresas, principalmente radicadas en los países del este del continente, que, cada vez más a menudo, estarían recurriendo a la contratación de chóferes procedentes de Moldavia, Bielorrusia, Kazajistán, Filipinas, Sri Lanka o Rusia, con salarios inferiores a los que se pagan a los nacionales de cada empresa.

A estos profesionales, según se ha debatido en la Comisión de Transportes de la Eurocámara la semana pasada, se les paga por kilómetro conducido, una práctica totalmente prohibida por la legislación europea, ya que implica un grave riesgo para la seguridad vial.

El aumento de prácticas que rozan la ilegalidad, cuando no caen directamente en ella, pone al sector ante la disyuntiva de decidir qué futuro quiere.