Morosidad, documento de control y Paquete de Movilidad, entre las prioridades legislativas para 2021

La Dirección General de Transporte Terrestre focalizará su actuación en dar respuesta a algunos de los principales problemas del transporte de mercancías.

31/10/2020 a las 22:18 h

Para el ejercicio 2021, la Dirección General de Transporte Terrestre tiene previsto centrar su atención en diferentes áreas de actuación.

De entre las que afectan al transporte de mercancías por carretera, las más destacadas serán, según consta en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, acciones contra la morosidad en el pago de los servicios, modificaciones legislativas en el formato del documento de control y adaptación de la legislación española a los términos del Paquete de Movilidad.

Así pues, la Dirección General que controla Mercedes Gómez tiene previsto avanzar en la modificación de la Orden Ministerial que regula el documento de control administrativoexigible para la realización de transporte público de mercancías por carretera.

Con ello se trata de clarificar las responsabilidades de las partes intervinientes en el transporte por la inexactitud de los datos.

Morosidad y Paquete de Movilidad

De igual manera, por otra parte, con el objetivo de solucionar los problemas de morosidad en los pagos en el sector de transporte por carretera de mercancías, se está tramitando un anteproyecto de Ley para modificar la LOTT.

En concreto, se trata de modificar el cuadro de infracciones de la norma para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte por carretera, con la finalidad es sancionar administrativamente los retrasos en los plazos de pago superiores a sesenta días en los contratos de transporte de mercancías por carretera.

Con esta actuación se cumple una de las principales promesas hechas por el Ministerio al Comité Nacional de Transporte y se avanza para acabar con uno de los principales problemas que azotan al sector.

Adicionalmente, la Dirección General también se focalizará en revisar la normativa española, con el fin de adaptarla a los cambios introducidos por el Paquete de Movilidad.

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