Pese a los tumbos y la tardanza, todo parecía ir de acuerdo con lo previsto, hasta que cambió la estructura de poder en las instituciones europeas tras las últimas elecciones al Parlamento Europeo y la constitución de la nueva Comisión.

Primero han sido declaraciones más o menos gruesas que exponían a las claras ciertas intenciones con respecto al Paquete de Movilidad y, ahora, cuando solo quedan dos últimos trámites, uno en el Consejo y otro más en el pleno del Parlamento Europeo, para su aprobación definitiva, parece que todo se tambalea.

La penúltima piedra en el camino ha sido la Declaración que la Secretaría General de la Comisión europea ha remitido este mismo mes a los Estados miembro de la UE, en la que se “rechaza” expresamente el acuerdo político alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo “al no estar en línea con los objetivos del Acuerdo Verde Europeo.

Más tarde, esta misma semana, la Comisaria de Transportes ha mantenido una reunión en Bruselas con los Ministros de Transportes de Bulgaria, Rumanía, Chipre, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Estonia, para tratar sobre la situación del Acuerdo Verde Europeo y del Paquete de Movilidad, según confirma Fenadismer.

Este grupo de países del Este han manifestado su oposición frontal a la aprobación del paquete legislativo porque, según creen, “contradice la libertad básica de proporcionar servicios en el mercado único, el principio de libre circulación de trabajadores, así como las políticas y objetivos de la UE sobre el clima”.

De igual modo, en consonancia con sus reticencias desde que se inició la tramitación del Paquete de Movilidad, este grupo también estima que el proyecto normativo “no incluye disposiciones equilibradas, sino restrictivas, desproporcionadas y proteccionistas, especialmente por lo que respecta a la regulación de la obligación de retorno obligatorio para los camiones, así como por los cambios introducidos en las normas de cabotaje.