Pocas semanas ha durado el idilio del sector fundamental del transporte con el Gobierno de turno, al que en este caso en concreto, le ha tocado en suerte lidiar una crisis sanitaria sin precedentes.
Si hasta ahora, todo han sido cartas públicas de alabanza y reconocimientos reiterados para un trabajo ímprobo, realizado en duras condiciones, ahora llega un doble baño de realidad.
En este sentido, por un lado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha reconocido, por boca de la secretaria general de Transporte y Movilidad, María José Rallo, la imposibilidad legal de prohibir la realización en general de las labores de carga y descarga por los conductores.
Según Rallo, "la posibilidad de una prohibición general de la realización de la carga y descarga por los conductores no es una solución factible".
Para reforzar este argumento, la secretaria general se acoge a toda una amplia serie de excepcionesen las que no sería posible esta limitación que todos conocen de sobra en el sector.
Así mismo, Rallo también indica que el Ejecutivo ha recomendado que los conductores no lleven a cabo estas operaciones y así se lo han trasladado a las principales asociaciones de cargadores para se respete esta petición, al tiempo que reconoce que los clientes del transporte "están colaborando para cuando sea posible eso sea así".
No obstante, la recomendación "ha demostrado ser totalmente inefectiva", pues en la práctica un alto porcentaje de conductores continúan realizando dichas labores, ajenas a su actividad, a pesar de que deberían limitarse a la conducción del vehículo.
No se proporcionarán guantes a los transportistas
Por otra parte, si alguien esperaba que las autoridades siguieran aportando medios de protección para los conductores de manera indefinida, puede olvidarse.
Así pues, Rallo ha detallado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha procedido al reparto de mascarillas "porque había una situación de desabastecimiento puntual", algo que, a su juicio, no existe para la compra de guantes.
En consecuencia, queda en manos de las empresas, como, por otro lado, debe ser en condiciones normales, la responsabilidad de garantizar a sus trabajadores equipos de protección, así como medidas de salvaguarda de su salud e higiene.