Ya se veía venir y, quizás por eso, el sector ha acogido con resignada decepción el acuerdo político que ha rebajado las sanciones que se incluirán en la LOTT para la morosidad en el pago de los servicios de transporte.

La excusa ha sido la necesidad de adecuar las penas a la infracción dentro del marco legal, tal y como adelantaba Cadena de Suministro, dejando de lado el acuerdo alcanzado al respecto entre el Gobierno y las organizaciones miembro del Comité Nacional.

Aun así, conviene poner en valor, como hace Fenadismer, el hecho de que «el sector del transporte por carretera sea pionero en contar con un régimen sancionador de lucha contra la morosidad que es practicada especialmente por parte de las grandes empresas, que imponen condiciones abusivas a sus proveedores con absoluta impunidad, basando de este modo su rentabilidad no en su actividad productiva, sino en la actividad financiera que generan a costa de los autónomos y pymes que trabajan para estas grandes grupos empresariales».

Sin embargo, parece poca cosa contar con un instrumento legal de lucha contra la morosidad de aplicación ciertamente limitada, que es como ha quedado tras su paso por el Congreso de los Diputados y a esperas de lo que decida el Senado, muy posiblemente antes de que acabe el mes de junio para que esté en vigor de manera inmediata y el sector pueda decidir con la ley en la mano si simplemente se ha cumplido el expediente o si ha sido otra tomadura de pelo más.