Pese a la sentencia, el Gobierno quiere mantener el desvío.
Tras dictar sentencia en septiembre, ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado a conocer el auto con que resuelve el pleito interpuesto por el Comité Nacional de Transporte por Carretera ante la Resolución de la DGT que estipulaba la prohibición permanente de circulación de camiones en las carreteras nacionales N-232 y N-124 a su paso por La Rioja y su desvío obligatorio a la autopista de peaje AP-68.
En este sentido el órgano judicial madrileño declara nula la medida de la DGT y, consecuentemente, viene a sumarse a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el peaje para camiones de la Diputación de Guipúzcoa, que actualmente se encuentra recurrida por el Tribunal Supremo, así como a la sentencia también favorable en la reclamación interpuesta por la riojana Grupo Logístico Arnedo.
Concretamente, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara nula la resolución de la DGT “al carecer de cobertura legal”y “no constar los índices de siniestralidad o los de congestión”, por lo que “se encuentra huérfana de justificación”.
Las restricciones permanecerán
De igual modo, el órgano judicial destaca que “son notorias la existencia de limitaciones, prohibiciones de circulación en determinadas carreteras de países de nuestro entorno a vehículos pesados" y señala al respecto que “la congestión del tráfico, es decir el entorpecimiento del tráfico por acumulación de vehículos, por muy desagradable que sea para los conductores no es igual, al concepto alta siniestrabilidad en la carretera que hace mención a los accidentes de tráfico y subsiguientes resultados letales, lesivos para las personas”.
Sin embargo, la sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que, según informa Fenadismer, el Gobierno tiene la intención de mantener la actual prohibición de circulación de los camiones por la N-232 y su consiguiente desvío obligatorio a la autopista de peaje.
Para ello tramita un nuevo Real Decreto sobre bonificaciones a los transportistas por el desvío obligatorio a la autopista que sustituya el próximo mes de enero a la regulación anterior que declaró nulo por el Tribunal Supremo en julio.
Al mismo tiempo, CETM está estudiando la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial al Estado por los perjuicios económicos sufridos por las empresas de transporte durante la duración de estas restricciones.