Desde el próximo 1 de septiembre, nuevos tramos de autopistas de peaje dejarán de ser de pago, aprovechando el vencimiento de las concesiones, en línea con la política del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En concreto, estos cambios afectarán en unos días a dos tramos de la AP-7 entre Tarragona y La Junquera, así como entre Montmeló y Papiol, a la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, además de a las vías catalanas C-32 de Barcelona a Lloret de Mar y C-33 de Barcelona a Montmeló, que pasarán a ser competencia de la Generalitat.
Los tramos se encuentran en zonas de gran intensidad para el movimiento del tráfico pesado de mercancías, especialmente en los tránsitos internacionales que viajan entre la península y el resto de Europa, así como en los enlaces entre el centro y el noreste del país.
Sin embargo, en el anverso de esta medida se coloca el profundo debate existente en torno a la financiación del mantenimiento de la red viaria del país en un escenario de incertidumbre económica, con el plan de pago por uso en las autovías que tiene en marcha el Gobierno y que ha incluido en el Plan de Recuperación remitido a la Unión Europea por el medio.
