El Paquete de Movilidad sigue en el alero después de que siete países hayan presentado un total de quince recursos de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con tres de las normas que lo componen.

En concreto, Polonia, Malta, Hungría, Chipre, Rumanía, Bulgaria y Lituania han llevado al Tribunal de Justicia a mediados de enero las normas del Paquete que regulan el desplazamiento de conductores en el transporte por carretera, el acceso a la sector y al cabotaje, así como los tiempos de conducción y descanso.

En consecuencia, se ha abierto un plazo de seis semanas para que otros países soliciten intervenir ante el órgano judicial y desde Comisiones Obreras se pide al Gobierno español que actúe con rapidez para defender la existencia del Paquete de Movilidad.

Según la central sindical, «la eliminación del Paquete de Movilidad, total o parcial, pondría en riesgo un justo equilibrio entre los intereses sociales y del mercado, unas normas más claras que garantizan una mejor aplicación de la ley, mejores salarios y condiciones de trabajo, sin discriminación por razón de la nacionalidad entre los conductores profesionales».

Así mismo, el sindicato argumenta que «la eliminación de una parte del Paquete hará disminuir gravemente toda su eficacia y, como resultado, empujará al sector de nuevo a las prácticas de dumping social y competencia desleal que tanto daño han hecho».

De igual manera, Comisiones Obreras espera que «el Gobierno español participe en los procedimientos del Tribunal de Justicia de la UE con el fin de defender tanto el proceso democrático de toma de decisiones de la UE, como el Paquete de Movilidad, que establece un marco jurídico sin precedentes para el sector del transporte por carretera en Europa y en nuestro país».