Portugal no cuenta con un sistema de gestión de calidad en materia de abanderamiento

La Comisión Europea teme que una escasez de mano de obra y de recursos en la administración lusa afecte a la seguridad de los buques portugueses.

06/10/2016 a las 0:41 h

Puerto de Lisboa Portugal no transpone la directiva comunitaria en el abanderamiento de buques.

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a Portugal, segundo paso del procedimiento de infracción, exigiéndole que cumpla sus obligaciones de seguimiento administrativo previstas en las normas de la UE sobre Obligaciones del Estado de abanderamiento (Directiva 2009/21/CE).

Dichas obligaciones incluyen la comprobación de que la estructura del buque, los equipos y la gestión operativa cumplen las normas de seguridad y que los profesionales marítimos están certificados como competentes.

Con arreglo a la directiva europea, en junio de 2012 debía existir un sistema de gestión de la calidad para los aspectos operativos de las actividades de administración competente en materia de abanderamiento. Sin embargo, hasta la fecha, Portugal no lo ha aplicado.

"Una escasez de mano de obra y recursos en la administración podría tener a largo plazo un impacto negativo en la seguridad y los resultados medioambientales de la flota de pabellón portugués", apuntan desde la Comisión Europea.

Crecimiento del segundo registro portugués en Madeira

La Comisión considera que la transposición de la normativa comunitaria "es aún más importante habida cuenta del reciente crecimiento del segundo registro portugués en Madeira".

Según datos de Lloyd´s Register, la flota registrada en Madeira se ha duplicado en los últimos dos años. En 2014 había alrededor de 110 buques registrados en el pabellón luso, que sumaban poco más de 2.000 tpm. A 1 de enero de 2016, dicha flota se aproximaba a los 250 buques con cerca de 8.000 tpm.

Desde Anave explican este crecimiento por las medidas tomadas por el gobierno portugués para mejorar la competitividad del pabellón, en materia de inscripción de hipotecas, reducción de tasas de registro y de la cuota anual y la reducción del 50% al 30% del mínimo de nacionales europeos en la dotación.

Portugal dispone de un plazo de dos meses para cumplir la Directiva comunitaria; de no hacerlo, la Comisión Europea podría llevar el asunto ante el Tribunal de Luxemburgo.

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