La eliminación del requisito de antigüedad máxima de cinco meses de los vehículos a efectos de la obtención de una autorización de transporte de mercancías por carretera por una reciente sentencia del Supremo ha creado gran preocupación en el sector.

Ante esta situación, el Comité Nacional «hace un llamamiento a la Administración para que, de inmediato, adopte las medidas que sean oportunas para evitar que el mercado de transporte se convierta en la selva«.

Según el Comité, «este tipo de decisiones, llenan de desconcierto a un sector afanado desde hace muchos años en la modernización de flotas, en el descenso de emisiones y en el cuidado de la seguridad vial, objetivos que, hasta la fecha, han supuesto la inversión de ingentes cantidades de dinero en la adquisición de vehículos limpios».

Así pues, el órgano de representación de las empresas de transporte estima que la sentencia del Supremo «envía al sector el mensaje de que cualquier vehículo vale para acceder al sector con tal de que haya pasado la ITV, desincentiva la inversión y ofrece una enorme ventaja competitiva a sujetos que ni siquiera debieran estar en el mercado».

En este mismo sentido, el Comité considera que la decisión del Alto Tribunal certifica que los «fines de seguridad vial y salud pública, a juicio del organismo regulador y del Tribunal Supremo, son bienes de menor valor que la versatilidad de la profesión del transporte, o el bienestar del mercado del vehículo usado».

Al tiempo, según el órgano de representación, «a partir de ahora deberemos acostumbrarnos a ver circular por nuestras carreteras a todo tipo de vehículos periclitados, realizando emisiones de cualquier naturaleza y poniendo en peligro la normal circulación del resto de los viajeros».