A la última modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres parece que la haya mirado un tuerto.
Si en diciembre, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la prohibición del descanso semanal en cabina, retrasaba la entrada en vigor del ROTT prevista para el próximo 1 de julio, ahora la crisis política desatada a raíz de la sentencia judicial de la trama Gürtel y la posterior presentación de una moción de censura por el PSOE amenaza con posponerla sine die, o sea, hasta que se aclare el panorama, precisamente cuando ya se daba por seguro que estaría listo para aplicarse a partir del 1 de enero de 2019.
Lo cierto es que la norma, pese a su carácter polémico y ciertos aspectos que el sector considera excesivos, como, por ejemplo, su régimen sancionador o las consecuencias que pueden darse en ciertos casos con la pérdida de la honorabilidad, es imprescindiblepara adaptar, por ejemplo, las leyes españolas a los preceptos del Tribunal de Justicia de la UE en el caso del descanso en cabina.
Sin embargo, tampoco es menos cierto que ahora la prioridad política para el Gobierno es otra más perentoria que pasa de manera esencial por garantizar su propia existencia con el fin de, entre otros aspectos, poder aplicar las políticas que han servido para armar los Presupuestos Generales del Estado aprobados la semana pasada.
Así las cosas, parece que este expediente podría paralizarse, aunque, al tratarse de un Real Decreto, el Gobierno podría decidir aprobarlo en cualquier momento, una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Estado y de las propias autoridades europeas, ya que depende exclusivamente del propio Ejecutivo en este caso.