La Asamblea Sectorial de las empresas de auxilio en carretera acordó el 22 de septiembre tomar las medidas que fueren necesarias para asegurar la supervivencia del sector, cuya situación actual es dramática.
En las múltiples reuniones mantenidas con aseguradoras, clubes automovilísticos y plataformas de asistencia en viaje, ha mantenido su petición de que se cumpla la normativa y que sus interlocutores apliquen el Decreto Ley sobre medidas de mejora a la actividad el transporte por carretera en su totalidad, "sin interpretaciones restrictivas y extravagantes".
Sin embargo, a día de hoy se sigue sin aplicar o se aplica de modo parcial. En este sentido, el RACE ha comunicado su disposición a modificar su fórmula de cálculo de las tarifas, pero con porcentajes que "reducen el impacto de la misma de modo grave y preocupante".
Por tanto, no cumple con el espíritu de la Ley, cuyo objeto es que repercuta el incremento del carburante en los precios de los contratos. Además, ni el RACE ni la mayoría de las compañías aseguradoras prevén el pago de los atrasos que corresponden.
Los gruístas recuerdan que teniendo en cuenta que el Decreto Ley está vigente desde marzo, aquellos que procedan a aplicarlo con posterioridad deberán retrotraer los pagos a la misma.
Esta postura, en su opinión, aboca al mantenimiento sostenido de las pérdidas económicas que sufren los operadores de auxilio en carretera, incapaces de asumir los costes necesarios para el mantenimiento de una estructura que pueda prestar un servicio en condiciones.
La situación supondrá un perjuicio grave para el usuario final de sus servicios, pues la asistencia en carretera verá mermada su capacidad de ofrecerle el nivel de servicio que hasta ahora percibía, lo que supondrá un riesgo para la seguridad vial.
