La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto a Renfe una serie de condiciones con el fin de evitar que Renfe acapare a los maquinistas del transporte de mercancías y que, por lo tanto, las empresas privadas puedan contar con maquinistas suficientes y ofrecer sus servicios en igualdad de condiciones.

En este sentido, el organismo regulador de la competencia calcula que Renfe emplea al 97% de los maquinistas de nuestro país y que, además, sus convocatorias de empleo tienen un efecto llamada, ya que «atraen a los maquinistas de sus competidores porque estos no pueden igualar las ventajas de contratación del operador público; entre otras: su propio carácter público, mejores condiciones salariales o que tiene el monopolio en el transporte de pasajeros por tren».

Esta actuación de la CNMC tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), que representa a la mayoría de los competidores de Renfe en el mercado de mercancías, en relación con la situación creada por Renfe tras las convocatorias de contratación que realizó durante 2015 y 2016.

Sin cursos de formación de maquinistas desde 2012

Competencia, por su parte, ha constatado que, en  2012, el operador ferroviario público paralizó los cursos de formación de maquinistas, que son un requisito imprescindible para poder ejercer esta profesión, y que, aunque las convocatorias no se reanudaron hasta 2016, en 2015 contrató a nuevos maquinistas, algo que, a su juicio, «produjo un efecto llamada para los conductores de las empresas rivales».

«Esta política de contratación», argumenta el organismo regulador de la competencia, «supuso que los competidores de Renfe no pudieron suplir esas bajas y sufrieron importantes pérdidas de personal en sus plantillas».

Así mismo, «la capacidad de ofrecer a los clientes servicios de mercancías alternativos a los de Renfe también se vio seriamente afectada», lo que se refleja en una reducción de la actividad de los operadores ferroviarios privados que la CNMC cifra en un 8,5% entre 2016 y 2017.

Así las cosas, la CNMC impone a Renfe la obligación de comunicar cada año antes del 31 de enero a las empresas ferroviarias, centros de formación y la CNMC su mejor estimación sobre las necesidades de personal de conducción, incluyendo posibles programas de formación, para un periodo mínimo de dos años, así como de garantizar que en sus convocatorias de personal de conducción el plazo entre su publicación y el primer examen o prueba sea de al menos tres meses.

Por otra parte, para limitar los efectos sobre la pluralidad de la oferta que tienen las contrataciones de Renfe, el operador ferroviario público estará obligado a «ofrecer, durante tres meses a contar desde la contratación del primer maquinista de cada empresa afectada, un servicio mayorista de tracción de forma no discriminatoria y orientado a sus costes directos a las empresas que hayan perdido, como consecuencia de una convocatoria de RENFE, a más del 20% de su plantilla de personal de conducción».

Renfe impugna la resolución de la CNMC

En un comunicado enviado a última hora de ayer miércoles, Renfe informaba de la impugnación vía Contencioso-Administrativa de la resolución de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Además, tiene previsto pedir la suspensión cautelar de la misma, al considerar que dicha resolución es inviable y no favorece en ningún caso el desarrollo de la libre competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril. Renfe considera que no es posible atender un mercado mayorista de tracción, ya que la empresa tiene su capacidad de producción adaptada a sus propias necesidades.

«Exigir estas medidas afecta a la libertad de empresa e invade la capacidad de Renfe para organizar sus propios recursos«, concluye el comunicado de la operadora ferroviaria.