Se suspende el juicio por la descapitalización de dos empresas de transporte vallisoletanas

La enfermedad de un abogado obliga a la Audiencia de Valladolid a retrasar sine die el juicio por la quiebra de dos empresas de transporte vallisoletanas.

15/09/2020 a las 22:20 h

El juicio contra cuatro los presuntos liquidadores de las pucelanas H. de la Calle y Argach Buru ha sido suspendido sine die, con motivo de la grave enfermedad sufrida por uno de los letrados de la defensa.

En este sentido, podría darse el caso de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid tenga que posponer el proceso judicial hasta 2021.

La Fiscalía solicita para los cuatro encausados una pena global de nueve años de cárcel por un delito de alzamiento de bienes y otro de apropiación indebida, junto con el pago de una multa de 3.600 euros y el pago de indemnizaciones por importe global de 2.538.645 euros, con responsabilidad civil de las empresas Hernández Guerrero y JET43.

Al mismo tiempo, la acusación particular de 16 extrabajadores de las dos empresas vallisoletanas de transporte de mercancías piden penas de cárcel para los acusados e indemnizaciones por la diferencia entre las cantidades reconocidas en las distintas sentencias, tanto de despido, como de reclamación de cantidad, y las efectivamente percibidas, por cada uno de ellos, por parte del Fogasa.

El fiscal del caso y la acusación particular sostienen que los acusados, a través de la empresa Hernández Guerrero, con domicilio social en Huelva, se hicieron en 2012 con la propiedad de H. de la Calle y de Argach Buru, de las que conocían sus problemas de endeudamiento y mala situación financiera, y procedieron a su supuesto vaciado de bienes y fondos.

Las acusaciones estiman que se llevó a cabo lo que consideran, como refiere Europa Press, una sistemática salida de bienes y fondos tanto de la rama de actividad de H. de la Calle como de Transportes Argach Buru, sin que estuviera justificada dicha salida por relación de negocio alguna y en beneficio propio y de terceras personas o entidades mercantiles con las que mantenían algún tipo de interés.

En concreto, se procedió a la liquidación o venta de los vehículos con los que se realizaba la actividad de transporte, sin que se conozca el destino final de gran parte de tales vehículos y del dinero obtenido, al no haberse documentado aparentemente tales operaciones.

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