El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana tiene abierto a consulta pública hasta el próximo 30 de septiembre el anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la ley de Puertos del Estado, de la Marina Mercante y de la Ley de la Navegación Marítima.

La regulación en materia de marina mercante se encuentra hoy necesitada de algunas reformas puntuales que permitan superar el desfase o los inconvenientes a que dan lugar algunas de sus previsiones.

En concreto, el Departamento que dirige José Luis Ábalos quiere recabar la opinión de las organizaciones más representativas sobre todo en lo relacionado con los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, sus objetivos de la norma, así como las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Los objetivos de esta modificación legal se centran en adoptar las decisiones oportunas sobre aquellos aspectos que el Reglamento 2017/352 no declara obligatorios, sino de aplicación potestativa, así como en la modificación puntual del régimen jurídico de los servicios portuarios que sean necesarios para su completa adecuación a la regulación europea.

Otro de los objetivos que se persigue con esta reforma es la adaptación de los procedimientos administrativos a la normativa común de las administraciones públicas y sobre régimen jurídico del sector público, con el convencimiento de que no abordar esto cambios conllevaría desventajas para el sector marítimo y portuario español.

En este sentido, con la modificación se pretende abordar problemas como la obsolescencia de determinadas normas que perjudican la actuación de la Administración Marítima y Portuaria, dificultando la competitividad de nuestro sistema frente a los de los países de nuestro entorno, como es el caso de la importación y exportación de buques.

Se pretende solucionar igualmente la falta de cobertura legal de determinadas actuaciones consideradas necesarias para hacer frente a los retos de la seguridad de la navegación, eliminar ineficiencias como, por ejemplo, la exigencia de un importe mínimo para llevar a cabo el embargo preventivo de buques.

Finalmente, también se quiere ajustar determinadas normas legales a las modificaciones de los convenios internacionales que regulan esas materias, actualizar y reunir en un único texto legal algunas materias desfasadas y dispersas, así como adaptarlas a modificaciones normativas muy relevantes para el sistema portuario español.

De hecho, Transportes ya ha recibido algunas aportaciones, como la de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, con el fin de que las propuestas del sector de la náutica de recreo sean recogidas en esta reforma y mejorar la seguridad jurídica.