Prohibir taxativamente que los conductores realicen labores de carga y descarga es algo que nunca ha sido una opción para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La casuística al respecto es tan heterogénea que una medida de ese calado supondría un terremoto para diversos sectores económicos, incluido el industrial o el comercio minorista.

Sin embargo, al mismo tiempo, el mero hecho de que los conductores tengan que cargar y descargar la carga que transportan se ha convertido, como reconocen públicamente representantes asociativos, sindicatos y empresarios, en uno de los principales inconvenientes para atraer talento a una profesión que vive un acelerado proceso de envejecimiento sin relevo a la vista, por la falta de atractivo que tiene.

Así pues, la escasez de conductores se deja notar más en servicios de larga distancia, aquellos que dificultan más la conciliación de la vida familiar y profesional, ya que los profesionales más experimentados prefieren trabajar en servicios de radio corto, a la vista de que la construcción parece recuperar tono, o incluso, si les es posible, probar con autobuses y autocares, pese a que el transporte de viajeros por carretera está gravemente dañado por la pandemia.

En este marco, Transportes parece apostar por introducir algunos retoques, que algunos califican de cosméticos, en la regulación de la realización de la carga y descarga a través de aspectos como la responsabilidad de los actores en estas actividades, la prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades económicas.

De igual modo, también trabaja en definir un estándar para las condiciones que deberían reunir las áreas de carga y descarga para que los conductores puedan realizar su trabajo con la debida dignidad.

Se trata, en definitiva, de dejar este aspecto clave para las empresas de transporte a la libre disposición de las partes, es decir, tal y como está hasta ahora. Es el ‘win-win’ al que debe de ir acostumbrándose el transporte y que parece que tanto gusta en el Ministerio.