El Ministerio de Transportes lanzará el mes que viene una nueva convocatoria de 500 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano. Esta convocatoria se suma a la anterior de 1.000 millones dirigida a corporaciones locales y cuyos fondos ya han sido adjudicados.
Según la ministra, Raquel Sánchez, en España el transporte es responsable del 27,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, casi cinco puntos más que la media europea. Cerca del 93% de las emisiones proviene de la carretera, y un tercio de estos gases se produce en las ciudades.
Por su parte, el transporte aéreo y marítimo no llegan en conjunto al 7%, si bien el primero de ellos es el que más emisiones produce por viajero y tonelada transportada. Todo ello en contraste con el ferrocarril, más respetuoso con el medio ambiente, pero con un peso residual en el conjunto de emisiones, pues su cuota es muy limitada en transporte de viajeros y mucho más en mercancías.
En este sentido, desde el Ministerio abogan por una nueva política de infraestructuras, enfocada en la sostenibilidad medioambiental. Pese a las circunstancias adversas, logró cerrar el ejercicio pasado con una ejecución un 8% superior a la de 2019, la mayor desde 2012.
Ahora, tras el enorme esfuerzo inversor realizado en este ámbito, toca repensar la movilidad, y para ello están siendo vitales los fondos del PRTR, de los que el Ministerio de Transportes gestiona 16.000 millones de euros para descarbonizar el transporte y la edificación, impulsar la digitalización y la innovación y promover la inclusión social con las nuevas políticas de movilidad y vivienda.
En concreto, los 13.000 millones destinados a la movilidad sostenible permitirán aumentar las inversiones del Ministerio y de las empresas del Grupo Mitma un 30% en los próximos años. El ferrocarril protagoniza estas inversiones con más de 6.600 millones, que servirán para actuar, entre otras cosas, sobre la red de los corredores Mediterráneo y Atlántico.
Por su parte, las inversiones en carreteras cuentan con una partida cercana a los 1.000 millones, otros 1.000 se destinarán a accesos ferroviarios y viarios a puertos y terminales, y a la mejora de la seguridad, y otros 800 para apoyar la digitalización en programas de interoperabilidad del transporte ferroviario de mercancías y la modernización de su material rodante.
Si las previsiones se cumplen, la nueva movilidad tendrá un efecto multiplicador en la economía, creará cientos de miles de puestos de trabajo y contribuirá a incrementar el PIB en más de 30.000 millones de euros. En esta tarea, además, la colaboración del sector privado es imprescindible.
