En la última semana de noviembre, el Comité Nacional volvió a insistir al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la necesidad de volver a la negociación sobre los diez puntos planteados por las organizaciones empresariales del transporte en febrero.

Uno de estos puntos se refiere a la oposición frontal del órgano consultivo a los desvíos obligatorios de vehículos pesados hacia vías de peaje.

Sin embargo, el Departamento que dirige José Luis Ábalos no parece que vaya a tener en cuenta esta petición, a tenor de lo expresado por el propio ministro en su comparecencia de esta semana ante el Pleno del Congreso de los Diputados para dar cuenta del proyecto de Presupuestos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 2021.

En concreto, Ábalos ha cifrado en algo más de 106 millones de euros la partida destinada a atender las reducciones de peajes en autopistas estatales.

De igual modo, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha afirmado en sede parlamentaria que su intención es la de mantener «los actualmente vigentes» y, al mismo tiempo, la de impulsar «la implantación de nuevas reducciones con el objetivo de potenciar su uso, en especial para los vehículos pesados».

A este respecto, el Ministerio estima que el tráfico pesado perjudica la seguridad vial en algunas vías y, en consecuencia, posterga el impacto que pueden tener los desvíos a autopistas de peaje en la propia operativa de transporte, su impacto en costes para los transportistas y sus clientes, así como en el medio ambiente, al alargar trayectos de manera innecesaria en ciertos casos.

Así mismo, esta tendencia se produce cuando el Gobierno parece más alineado que nunca con empresas constructoras y concesionarias de autopistas para implantar el pago por uso en función de cada usuario de la vía en la red de alta capacidad del país.