La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha ratificado en su comparecencia ante el Senado de este jueves 25 de noviembre, para defender los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que tiene la intención de llevaá a Consejo de Ministros la nueva Ley de Movilidad Sostenible para primera lectura antes de fin de año.

De igual modo, Raquel Sánchez también quiere que el Gobierno tenga en sus manos para revisar la versión final de la Estrategia de Movilidad en un mes como máximo.

Además, la ministra también ha aprovechado su comparecencia en la Cámara Alta para anticipar que durante el pasado mes de octubre, «el tráfico por carretera se ha recuperado a niveles de 2019, existiendo incluso un ligero incremento en el transporte de mercancías«.

En cuanto a los proyectos normativos en elaboración, a juicio de la ministra, «la Estrategia parte de una concepción de la movilidad como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social, de crecimiento económico y de competitividad».

Por lo que respecta a la Ley de Movilidad Sostenible, Sánchez ha confirmado que su Departamento está ultimando su, con el fin de «llevar el Proyecto de Ley a primera lectura de Consejo de Ministros antes de que acabe este año».

Según la ministra, «la Ley debe, entre otros aspectos, establecer normas y procedimientos claros para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte».

Así mismo, e juicio de Sánchez, «en el ámbito del transporte partimos de una premisa clara: mantener nuestros actuales modelos de movilidad es incompatible con el objetivo de que el planeta siga siendo habitable para la mayoría de los seres humanos».

Finalmente, la ministra ha puntualizado en relación con este proyecto normativo que «con el desarrollo de la Ley nos vamos a dotar de criterios claros para la priorización y la realización de rigurosos análisis de cada proyecto, que tengan en cuenta los factores económicos, sociales y medio ambientales».

 

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