Tras la apertura de la fase de liquidación de Transportes Souto a finales del pasado mes de abril, la empresa pontevedresa encara la fase de liquidación, hacia el final de su existencia, a falta de que la administración concursal proceda, dentro de los límites otorgados por la Justicia, a enajenar todos los bienes que tiene la sociedad.
Así mismo, el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra ya ha declarado voluntario el concurso de acreedores de la compañía gallega, tal, aunque este órgano judicial ha decidido a primeros de mes volver a iniciar el proceso de comunicación del expediente de regulación de empleo para la plantilla del operador logístico.
Se trata en definitiva de evitar que se produzca cualquier defecto en la información que deben recibir los trabajadores, al tiempo que ha anulado la comisión que negocia los términos del ERE porque se constituyó irregularmente, fuera de plazo, y sin contar con la debida supervisión judicial.
Esta situación ha provocado un nuevo retraso en la extinción de la relación laboral que mantienen los trabajadores con una empresa en vías de extinción con las consiguientes demoras en el cobro de salarios adeudados, que podrían cifrarse, según algunas informaciones publicadas recientemente, entre 8.000 y 9.000 euros de media por cada empleado de Transportes Souto, así como la imposibilidad de poder iniciar nuevos contratos de trabajo.