El Parlamento Europeo daba luz verde este mes a la propuesta de poner fin a la venta de turismos y vehículos comerciales nuevos con motor de combustión en el año 2035, adelantando en cinco años esta prohibición.

Comenzaba así un proceso que culminará el 28 de junio en el Consejo Europeo, que decidirá si sale adelante la propuesta incluida en el paquete ‘Fit For 55′. Por ello, 16 asociaciones han unido fuerzas para recordar al Gobierno que votar a favor es votar contra los intereses de España.

Aevecar, Ancera, AOP, APPA Biocarburantes, Astic, ATliq, Bio-E, CEEES, CETM, Codigasoil, Confebus, Ewaba España, Faconauto, Sernauto, UNO y UPI creen esto tendría consecuencias sociales y económicas para la población más vulnerable y las rentas más bajas, así como para las zonas más despobladas y menos comunicadas.

En este sentido, apuntan que las infraestructuras españolas no están preparadas para la electrificación total del parque, y que el territorio español es uno de los más extensos de la Unión y, por tanto, uno de los más complicados de vertebrar.

Es por ello, si se apuesta únicamente por la electrificación, parte de la ciudadanía residente en la España rural y vaciada tendrá menos acceso a puntos de recarga. En estas zonas, además, se necesita una mayor autonomía para recorrer largas distancias sin necesidad de repostar, a diferencia de los trayectos urbanos.

También se obvia que la maquinaria y el transporte de agricultores y pescadores, así como el transporte pesado de mercancías, funciona con combustible líquido, por lo que se dificultaría el desarrollo de la actividad, su rentabilidad y el empleo que sostienen.

Desarrollo de los ecocombustibles 

Por este motivo, dichas asociaciones exigen que se respete la neutralidad tecnológica y que no se prohíban alternativas energéticas, para no frenar el desarrollo de los ecocombustibles, que son combustibles líquidos bajos o neutros en carbono y compatibles con las flotas, el parque móvil y las infraestructuras.

Además, permitirían descarbonizar la movilidad a un menor coste y sin obligar ni a la población ni a las empresas de sectores estratégicos como la logística a cambiar de vehículo o renovar integralmente sus flotas.

Es decir, sin restringir el derecho a la movilidad ni obligar al tejido empresarial a realizar inversiones en un momento de incertidumbre. Se refieren así a lo que que consideran una pérdida de derechos en materia de movilidad, de calidad de vida y de poder adquisitivo en las clases medias y bajas.

Por otro lado, se pondrán en riesgo un gran número de puestos de trabajo, tanto de la industria del refino y de distribución de carburantes como en la de componentes de automoción y en las vinculadas a la movilidad y al transporte.

Las 16 asociaciones finalizan su escrito pidiendo al Ejecutivo que escuche a todos los sectores e instan a las administraciones española y europea a velar por el cumplimiento de la neutralidad tecnológica: «La única forma de diseñar una transición energética justa y eficiente es que prevalezca la tecnología frente a la ideología«.

 

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