La comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales ha dado su visto bueno al proyecto de Norma Foral de Carreteras de Vizcaya antes de que se apruebe definitivamente en pleno.

Sin embargo, las instituciones provinciales vizcaínas tramitan independientemente la implantación del pago por uso para los vehículos pesados.

En este sentido, la Cámara vizcaína también ha instado a la Diputación a través de una proposición no de norma, a que implante este modelo “de manera progresiva”, buscando “el máximo consenso político y la colaboración del sector del transporte por carretera”, así como de los agentes sociales.

Con esto se quiere “tanto dar respuesta al mandato de las Juntas Generales de Vizcaya de enero de 2019 como solucionar las disfunciones actuales del tráfico de vehículos pesados, en los ejes norte-sur (N-240 Arratia y BI-625 Aiala-Nerbioi) y este-oeste (N-636 Kanpazar y N-637 Txorierri) de Bizkaia”.

A este respecto, el transporte vizcaíno ya ha mostrado su rechazo frontal al proyecto por las perjudiciales repercusiones económicas que tendrá en su modelo de negocio.

Asotrava ha calificado la iniciativa de «ilegalmente discriminatoria al no ir dirigida a todos los usuarios de las vías sino que se pone únicamente en la diana al transporte pesado de mercancías, restando competitividad al transporte vizcaíno frente a otros territorios y comunidades», al tiempo que valora acudir a los Tribunales.

Por otra parte, los grupos proponentes han aceptado una enmienda de adición de EH Bildu para que el nuevo modelo incluya “unas tarifas más acordes a la nueva situación”, debido a que “se incrementarán los puntos de pago”.