La Diputación Foral de Vizcaya ha propuesto en las Juntas Generales abordar «desde el consenso político y social» la puesta en marcha de un sistema de pago por uso en sus carreteras similar al controvertido que ya tiene operativo Guipúzcoa y que ha sido suspendido por el Tribunal Supremo.

Con esta iniciativa, la demarcación vasca busca un modelo que, según reza en un comunicado, «permita resolver los desequilibrios y avanzar hacia un modelo más eficiente, en línea con las políticas más avanzadas de gestión y descarbonización del transporte de mercancías por carretera».

La idea se centra en poner en marcha un sistema de pago por uso que incentive a los grandes camiones de más de 3,5 toneladas a utilizar las vías de alta capacidad, algo que, se supone, va a contribuir decididamente a reducir las consecuencias negativas de los desequilibrios que se producen actualmente en vías como la N-240, BI-625 y el Corredor de Chorierri.

El sistema prevé la colocación gradual de una treintena de arcos de control con sistema ‘free-flow’, equipados con detectores de tránsito e identificadores de vehículos para poder aplicar un canon sin necesidad de detener el tráfico a los vehículos pesados utilizados para el transporte de mercancías por carretera y con un peso superior a 3,5 toneladas en la N-240, BI-625, N-636, A-8 y Chorierri.

Vizcaya evalúa los beneficios del sistema

Las autoridades provinciales vizcaínas estiman que así se va a quitar uno de cada dos camiones que circulan por el valle de Arratia y se va a restar de un paraje natural como el puerto de Kanpazar uno de cada tres vehículos pesados.

De igual modo, también se estima una reducción de un 10,2% en el número de accidentes y, por supuesto, la eliminación de un total de 7.140 toneladas de emisiones CO2 al año.

Además, se calcula que se producirá una reducción del 12,8% de los kilómetros recorridos gracias a los trasvases hacia los grandes corredores, de 1,9 millones de horas de conducción al año para el sector del transporte de mercancías., un ahorro en el coste directo asociado para las empresas del sector de más de 51 millones de euros y ahorros en consumo de gasoil no realizado de más de 6,3 millones de euros.

En paralelo, la Diputación de Vizcaya parece haber aprendido de los errores existentes en los peajes de Guipúzcoa y plantea una norma que, según se informa, «tendrá la máxima seguridad jurídica y será especialmente cuidadosa para evitar cualquier discriminación directa o indirecta, por cualquier motivo, a la hora de la identificar los tramos, colocar los arcos de control y establecer las cuantías del canon».

Reacciones del transporte

Frente a este proyecto, Asotrava ha mostrado su oposición frontal frente a una iniciativa que considera «lisa y llanamente recaudatoria para cubrir el déficit de las cuentas públicas», con un impuesto que «está especialmente dirigido al sector».

Así mismo, Fenadismer, por su parte, anuncia que estará vigilante ante la evolución del proyecto y recuerda que para su aprobación final debe contar imperativamente con el visto bueno de la Unión Europea.